Marco legal de la inteligencia artificial aplicado a la contratación pública
Marco legal de la inteligencia artificial aplicado a la contratación pública
Resumen revisado del contenido del documento “1.B Marco Legal”
Normativa revisada a 9 de noviembre de 2026. Este resumen no sustituye al asesoramiento jurídico: ante un caso dudoso, consulte con su asesor legal o con el delegado de protección de datos de su empresa. La regulación de la IA cambia con frecuencia, por lo que debe comprobarse siempre la versión vigente antes de aplicar un plazo o una cifra.
Puede consultar este artículo y otros contenidos sobre contratación pública en la sección de noticias de Infonalia: https://infonalia.es/noticias.
1. Ética, gobernanza y principios de una IA fiable
El uso de inteligencia artificial para estudiar pliegos o preparar ofertas es legal, pero exige que la empresa conozca qué información puede introducir, qué herramienta utiliza y qué garantías ofrece el proveedor. La regulación parte de una idea fundamental: la tecnología debe estar al servicio de las personas y respetar sus derechos.
La IA plantea cuatro problemas jurídicos principales: privacidad, por el tratamiento masivo de datos personales; transparencia y explicabilidad, porque los resultados deben poder comprenderse y revisarse; responsabilidad, para determinar quién responde cuando el sistema causa un daño; y sesgos o discriminación, ya que los modelos pueden reproducir o amplificar los prejuicios presentes en sus datos. En una licitación, si una IA resume mal un pliego y la empresa resulta excluida, la responsabilidad sigue siendo de la empresa.
El marco europeo se inspira en siete principios para una IA fiable: supervisión humana, solidez técnica y seguridad, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad y no discriminación, bienestar social y medioambiental y rendición de cuentas. Para una empresa licitadora esto significa revisar los resultados, utilizar herramientas aprobadas, no introducir datos personales sin garantías, controlar sesgos y dejar constancia de qué herramienta se utilizó y quién validó su resultado.
Este enfoque responde al denominado humanismo tecnológico, que sitúa los derechos de las personas en el centro. La gobernanza consiste en establecer reglas internas, responsables y controles que aseguren un uso correcto de la IA.
2. El marco normativo de la inteligencia artificial
No existe una única ley de IA. Una empresa debe considerar normas europeas, estatales, autonómicas y sectoriales. La regulación busca proteger derechos fundamentales, generar confianza, impulsar una innovación responsable y reducir riesgos relacionados con seguridad, empleo, manipulación informativa o vigilancia.
El documento diferencia tres modelos internacionales: la Unión Europea emplea una regulación transversal basada en el riesgo y los derechos fundamentales; China mantiene un modelo de mayor control estatal; y en Estados Unidos predominan las normas sectoriales, las leyes estatales y la autorregulación empresarial.
Para una empresa licitadora son relevantes, entre otras normas, el Reglamento europeo de IA, el RGPD, la LOPDGDD, la LCSP, el Esquema Nacional de Seguridad, NIS2, el Reglamento de Ciberresiliencia, los Reglamentos de Servicios y Mercados Digitales, las normas europeas sobre gobernanza y uso de datos, la Ley de Secretos Empresariales y la propiedad intelectual. En determinados sectores existen reglas adicionales, como DORA en el financiero.
El mapa regulatorio debe actualizarse y anticipar futuros cambios. El documento destaca el Ómnibus Digital y el Reglamento (UE) 2026/1744, que modifica determinados aspectos y plazos del Reglamento de IA. Simplificar obligaciones no significa dejar de cumplir.
3. Reglamento europeo de Inteligencia Artificial
El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act o RIA, regula la inteligencia artificial de forma transversal en la Unión Europea. Entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se aplica directamente en los Estados miembros.
Distingue entre proveedor y responsable del despliegue. Proveedor es quien desarrolla un sistema y lo comercializa con su nombre; responsable del despliegue es quien lo utiliza profesionalmente bajo su autoridad. Una empresa que usa ChatGPT o Claude para analizar pliegos actúa normalmente como responsable del despliegue. Si crea una aplicación de IA y la ofrece a clientes con su propia marca, puede pasar a ser proveedor.
El Reglamento establece cuatro niveles de riesgo. El riesgo inaceptable comprende prácticas prohibidas, como determinados usos manipulativos, sistemas que explotan vulnerabilidades, puntuación social, ciertas formas de predicción delictiva, reconocimiento facial indiscriminado, inferencia de emociones en determinados contextos y algunos tratamientos biométricos. El documento señala además nuevas prohibiciones incorporadas por el Reglamento 2026/1744, aplicables desde el 2 de diciembre de 2026.
Los sistemas de alto riesgo están permitidos, pero sujetos a requisitos estrictos de gestión de riesgos, calidad de datos, documentación, registros, supervisión humana, precisión, solidez y ciberseguridad. Entre las áreas citadas figuran biometría, infraestructuras críticas, educación, empleo y gestión de trabajadores, acceso a determinados servicios esenciales, aplicación de la ley, migración, justicia y procesos democráticos. Una IA que filtre y puntúe automáticamente currículos para elegir el equipo de un contrato puede ser de alto riesgo; resumir un pliego no lo es.
El riesgo limitado se relaciona con obligaciones de transparencia, exigibles desde el 2 de agosto de 2026, aplicables, entre otros supuestos, a chatbots, deepfakes y determinados contenidos generados por IA; para el marcado de los contenidos de los sistemas generativos ya comercializados, la fecha es el 2 de diciembre de 2026. Una memoria técnica redactada con ayuda de IA no está, según el texto, sometida a la obligación general de etiquetado por no publicarse para informar al público, aunque debe comprobarse siempre lo que exija el pliego. El riesgo mínimo comprende buena parte de los usos ofimáticos habituales.
La alfabetización en IA afecta a todas las empresas que la utilizan profesionalmente: deben adoptar medidas para promover conocimientos suficientes entre su personal. No se exige un certificado concreto, pero conviene poder demostrar la formación impartida. Las obligaciones relativas a determinados sistemas de alto riesgo (anexo III) se sitúan, tras la modificación indicada en el documento, desde el 2 de diciembre de 2027.
En España, la autoridad principal para aplicar el Reglamento es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña; la AEPD interviene cuando hay datos personales o sistemas biométricos. Las multas máximas del Reglamento son de 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial por usar prácticas prohibidas, de 15 millones o el 3 % por incumplir otras obligaciones y de 7,5 millones o el 1 % por dar información falsa o engañosa a las autoridades; para las pymes se aplica la cifra menor de las dos.
El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que está en tramitación en el Congreso. Designa a AESIA como autoridad y gradúa las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio para las más graves y, para las leves, de hasta 500.000 euros o, si el infractor es una empresa, hasta el 0,5 % de su volumen de negocios mundial total correspondiente al ejercicio anterior, si esta cuantía fuese superior. El texto puede cambiar durante la tramitación.
4. Protección de datos y uso de IA
Para una empresa licitadora, uno de los riesgos jurídicos más frecuentes procede del RGPD: introducir en asistentes de IA documentos con DNI, currículos, certificados o nombres de personas sin base jurídica ni garantías contractuales adecuadas.
La empresa que decide introducir esos datos es responsable del tratamiento. Un proveedor tecnológico puede actuar como encargado cuando trata los datos por cuenta de la empresa; para ello debe existir el contrato previsto en el artículo 28 del RGPD, habitualmente denominado DPA.
Los principios del artículo 5 del RGPD siguen siendo aplicables: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. La empresa debe tratar solo la información necesaria, revisar que la IA no modifique datos, eliminar documentos cuando ya no sean precisos, proteger los accesos y poder demostrar las garantías aplicadas.
El consentimiento no es la única base legal. El artículo 6 contempla también la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal, intereses vitales, interés público e interés legítimo. Las personas deben ser informadas y existen límites a las decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos significativos.
Las transferencias fuera del Espacio Económico Europeo requieren garantías. El documento menciona el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. y las cláusulas contractuales tipo. Además, la empresa debe revisar sus políticas, minimizar o anonimizar cuando proceda, incluir los tratamientos en el registro correspondiente, aplicar medidas de seguridad, realizar evaluaciones de impacto cuando exista alto riesgo y disponer de un procedimiento para notificar determinadas brechas a la AEPD en un máximo de 72 horas.
Las multas del RGPD (artículo 83) tienen dos escalones: hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio mundial para infracciones de obligaciones como la seguridad o los contratos con encargados, y hasta 20 millones de euros o el 4 % para las infracciones de principios, bases legales, derechos de las personas o transferencias internacionales. En ambos casos se aplica la cifra mayor.
5. Protección de datos en contratación pública
Cuando un contrato público implique tratar datos personales por cuenta de una Administración, la LCSP añade obligaciones específicas. El pliego debe indicar la finalidad del tratamiento y la obligación del contratista de cumplir la normativa. Antes de formalizar, el adjudicatario debe declarar dónde estarán los servidores y desde dónde se prestarán los servicios, comunicando los cambios posteriores.
Los licitadores deben indicar también si prevén subcontratar servidores o servicios asociados. El cumplimiento de la normativa de protección de datos puede constituir una condición especial de ejecución y su incumplimiento puede llegar a provocar la resolución del contrato. El contratista que trata datos por cuenta de la Administración actúa como encargado del tratamiento.
Si durante la ejecución se utiliza un servicio de IA en la nube, el documento considera que forma parte de los servidores o subcontrataciones afectados y debe respetarse lo establecido en el pliego.
6. Qué puede introducirse en una herramienta de IA
Pagar una suscripción individual no convierte automáticamente una herramienta en adecuada para tratar datos personales o información confidencial. El documento distingue las condiciones de consumidor de los planes empresariales y de las API con condiciones comerciales.
Según la situación descrita en noviembre de 2026, los planes personales de ChatGPT, Claude y Gemini no ofrecen las mismas garantías contractuales que sus soluciones empresariales. Como estas condiciones cambian, deben comprobarse siempre la política vigente del proveedor y la configuración concreta de la cuenta.
Desactivar el entrenamiento en una cuenta personal reduce determinados riesgos, pero no sustituye un contrato de encargado; para datos personales de terceros no se considera suficiente. La anonimización debe hacerse antes de que el documento salga del control de la empresa. Pedir al propio asistente que anonimice un DNI significa que la herramienta ya ha recibido el dato. La anonimización elimina la posibilidad de identificar a la persona; la seudonimización utiliza códigos reversibles y sigue sometida al RGPD.
Los pliegos pueden analizarse con IA porque son documentos públicos, aunque deben revisarse los anexos que puedan contener datos personales. Las memorias técnicas y los precios pueden ser secretos empresariales y deben protegerse adecuadamente.
Para el trabajo diario, el documento diferencia entre un plan empresarial mediante chat y la API utilizada desde programas o aplicaciones propias. Si la empresa crea una aplicación para que sus clientes introduzcan documentos, debe controlar toda la cadena: contratos con proveedores, alojamiento, base de datos, modelo de IA, claves, ubicación de servidores, restricciones de acceso, conservación de archivos e información facilitada a los usuarios.
7. Responsabilidad del licitador
La empresa continúa siendo responsable de la documentación que firma y presenta. El DEUC, las declaraciones responsables y los datos de capacidad o solvencia deben ser correctos aunque hayan sido preparados con ayuda de IA.
Una falsedad en los datos de capacidad o solvencia declarados, por ejemplo en el DEUC o en la declaración responsable, es causa de prohibición de contratar (artículo 71.1.e LCSP). Que lo haya generado una IA no exime.
El documento advierte también sobre textos jurídicos generados por IA que contengan sentencias o referencias inexistentes. Que una información proceda de una herramienta de IA no elimina la responsabilidad de quien la incorpora a un recurso, una memoria u otro documento.
8. Plan director y sistema de cumplimiento
La empresa necesita un plan que determine para qué utiliza IA, qué herramientas están autorizadas y bajo qué controles. El plan director combina planificación general, cumplimiento normativo y un sistema de gestión que convierte las obligaciones legales en procesos internos.
Su implantación se organiza en siete fases: arranque, comité o responsable de cumplimiento, diagnóstico, diseño, implantación, evaluación y mejora continua. Cada fase debe quedar documentada para poder demostrar el cumplimiento.
La responsabilidad alcanza también a cada empleado: debe seguir los protocolos internos, evitar usos discriminatorios, no compartir datos personales o información confidencial sin autorización, anonimizar o seudonimizar cuando corresponda y mantener una formación continua.
El sistema debe ser proporcional al tamaño, sector, ámbito de actividad y criticidad de los procesos. El documento advierte especialmente frente a la IA en la sombra: herramientas utilizadas por empleados sin autorización ni supervisión.
Como elementos mínimos se citan un mapa regulatorio, política interna, registro de herramientas autorizadas, procedimiento de autorización, asignación por perfiles, registro de usos permitidos, formación, revisión de proveedores y vigilancia periódica.
9. Demostrar el cumplimiento
Cumplir no consiste solo en disponer de documentos: la empresa debe poder acreditar mediante evidencias que realmente gestiona los riesgos. El texto identifica nueve áreas: evaluación y mitigación de riesgos, legitimidad de los datos, documentación técnica, transparencia, gobernanza interna, seguridad, supervisión humana, evaluaciones previas y notificación de incidentes.
Estas nueve áreas no son todas exigibles al licitador típico. Las que se apoyan en obligaciones del Reglamento de IA propias de los proveedores de sistemas o de los usos de alto riesgo (por ejemplo, la documentación técnica y la evaluación de conformidad, o parte de la gestión de riesgos y de la supervisión humana) no le son exigibles si solo usa IA de riesgo mínimo o limitado. Sí le afectan, en cambio, las derivadas del RGPD y la alfabetización del artículo 4 del Reglamento de IA.
Se diferencian la evaluación de impacto en derechos fundamentales del artículo 27 del Reglamento de IA, aplicable a determinados organismos y empresas cuando utilizan sistemas de alto riesgo, y la evaluación de impacto de protección de datos del artículo 35 del RGPD, exigible cuando un tratamiento pueda suponer un alto riesgo para las personas.
El documento rechaza el cumplimiento meramente formal o «cosmético». Las políticas y plantillas solo sirven si se aplican realmente. Por ello, la formación y participación del personal son esenciales.
10. Agentes de IA
Los agentes requieren controles adicionales porque no se limitan a responder: pueden conectarse a correos, carpetas, plataformas y programas y ejecutar tareas por su cuenta. Deben tratarse con un rigor equivalente al de otros sistemas críticos de la empresa.
El documento recomienda elegir cuidadosamente al proveedor, tratar al agente como un usuario privilegiado, empezar con permisos mínimos, aumentar autonomía y alcance gradualmente, proteger los datos durante todo el ciclo, compartimentar la seguridad, mantener supervisión humana proporcional al riesgo, integrar el agente en la gestión de riesgos, designar responsables, registrar incidencias y controlar contratos y cadena de suministro.
La AEPD añade recomendaciones sobre documentación de flujos de datos, minimización desde el diseño, control de la memoria del agente, limitación de privilegios, trazabilidad, pruebas periódicas y evaluaciones de impacto cuando procedan. La autonomía debe ajustarse al impacto de las decisiones.
En una licitación, un agente puede vigilar plataformas, descargar pliegos, resumirlos y preparar documentación, pero la firma y la presentación de la oferta deben permanecer siempre en manos de una persona.
11. Evolución de la contratación pública
El texto recoge una propuesta de Reglamento europeo sobre contratos públicos y concesiones presentada el 9 de septiembre de 2026 y aclara que todavía no es una norma vigente.
Entre las líneas señaladas figuran un ecosistema digital común y el principio de aportar los datos una sola vez, y un mayor peso de la calidad en determinados contratos. Se apunta además, como posible uso futuro y al margen de la propuesta, que las Administraciones podrían utilizar herramientas de IA para apoyar la detección de incoherencias, ofertas anómalas o posibles conductas colusorias. El documento destaca así la importancia de preparar memorias técnicas específicas y de calidad, frente a textos genéricos generados con IA.
12. Conclusión
La inteligencia artificial puede integrarse en la actividad de una empresa licitadora, pero dentro de un sistema de control. La organización debe disponer de responsables, política interna, herramientas autorizadas, protección de datos e información confidencial, formación, supervisión humana y registros que permitan demostrar cómo se utiliza la IA.
En el uso cotidiano debe comprobarse qué información se introduce, qué condiciones contractuales ofrece el proveedor, si existe un DPA cuando sea necesario, qué exige cada pliego respecto a datos, servidores y subcontratación y quién revisa el resultado antes de utilizarlo.
La idea final del documento es que cumplir no significa impedir el uso de la IA, sino integrarla con supervisión, seguridad, proporcionalidad, trazabilidad y responsabilidad humana.
Preguntas frecuentes sobre la IA en la contratación pública
¿Es legal utilizar inteligencia artificial para estudiar pliegos o preparar ofertas de licitación?
Sí, es legal, pero exige que la empresa conozca qué información introduce, qué herramienta utiliza y qué garantías ofrece el proveedor. La responsabilidad sobre el resultado sigue siendo siempre de la empresa licitadora.
¿Se pueden introducir datos personales en ChatGPT, Claude o Gemini al preparar una licitación?
Solo con garantías. Los planes personales no ofrecen las mismas garantías contractuales que las soluciones empresariales, y para datos personales de terceros es necesario un contrato de encargado del tratamiento (DPA) conforme al artículo 28 del RGPD. Desactivar el entrenamiento en una cuenta personal no se considera suficiente.
¿Quién es responsable si una IA comete un error en la documentación de una licitación?
La empresa que firma y presenta la documentación. Una falsedad en los datos de capacidad o solvencia declarados, por ejemplo en el DEUC o en la declaración responsable, es causa de prohibición de contratar (artículo 71.1.e LCSP), y que lo haya generado una IA no exime.
¿Una memoria técnica redactada con ayuda de IA debe etiquetarse como contenido generado por IA?
Según el texto, no está sometida a la obligación general de etiquetado del Reglamento de IA por no publicarse para informar al público, aunque debe comprobarse siempre lo que exija el pliego.
¿Qué multas prevé la normativa por incumplir las obligaciones sobre inteligencia artificial?
El Reglamento (UE) 2024/1689 prevé multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio mundial por prácticas prohibidas, de hasta 15 millones o el 3 % por incumplir otras obligaciones y de hasta 7,5 millones o el 1 % por dar información falsa o engañosa. Para las pymes se aplica la cifra menor de las dos.
Este artículo está disponible en https://infonalia.es/noticias, donde Infonalia publica noticias y análisis sobre contratación pública.
Deja un comentario